coche del alcalde de leganes
MensajePublicado:30 Jul 2008, 13:18
Leganés aprueba definitivamente la adquisición de un coche oficial para el alcalde por 80.976 euros
El Pleno de la Corporación municipal de Leganés ha aprobado, con los votos favorables de PSOE e IU y la oposición de PP y ULEG, la adjudicación definitiva para la adquisición, en régimen de «renting», de un vehículo oficial para Alcaldía por importe de 80.976 euros. El vehículo en cuestión será finalmente un Citroen C-6 dotado con inhibidor de frecuencia, una decisión que no termina de entender el portavoz del Partido Popular en el Consistorio, Jesús Gómez, quien ha asegurado que el alcalde, Rafael Gómez Montoya, «podía haber optado por un Volkswagen Passat de 200 caballos y con emisora de radio por 48.000 euros, un Mercedes C-230 por menos de 57.000 euros o un Peugeot 607 con extras por 60.000 euros». En opinión del edil popular, el gasto que supondrá este coche para las arcas municipales es excesivo, algo que se debe al hecho de que «no se ha hecho una valoración de riesgos», por lo que finalmente se procedió a la elección de unas prestaciones que no se corresponden con las necesidades reales del alcalde.
fuente: http://www.elbuzon.es
El Pleno de la Corporación municipal de Leganés ha aprobado, con los votos favorables de PSOE e IU y la oposición de PP y ULEG, la adjudicación definitiva para la adquisición, en régimen de «renting», de un vehículo oficial para Alcaldía por importe de 80.976 euros. El vehículo en cuestión será finalmente un Citroen C-6 dotado con inhibidor de frecuencia, una decisión que no termina de entender el portavoz del Partido Popular en el Consistorio, Jesús Gómez, quien ha asegurado que el alcalde, Rafael Gómez Montoya, «podía haber optado por un Volkswagen Passat de 200 caballos y con emisora de radio por 48.000 euros, un Mercedes C-230 por menos de 57.000 euros o un Peugeot 607 con extras por 60.000 euros». En opinión del edil popular, el gasto que supondrá este coche para las arcas municipales es excesivo, algo que se debe al hecho de que «no se ha hecho una valoración de riesgos», por lo que finalmente se procedió a la elección de unas prestaciones que no se corresponden con las necesidades reales del alcalde.
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